José María Zufiaur

PARCHES Y MEDIDAS PARA SALIR DEL PASO EN LUGAR DE UN NUEVO PROYECTO POLÍTICO PARA LA UNIÓN EUROPEA

Pocos ponen ya en duda que la Unión Europea se encuentra al borde del abismo. La respuesta de las instituciones europeas y de los gobiernos que forman parte del Consejo Europeo es, sin embargo, no sólo tardía y escasa sino que los supuestos remedios puestos en marcha basan, en realidad, la solución: 1) en los mercados, es decir en los pirómanos que han creado la crisis; 2) en medidas de austeridad y recorte que hacen imposible cualquier recuperación del crecimiento; y 3) en el aprovechamiento de la crisis para dejar el Estado de bienestar europeo hecho unos zorros, destrozos que resultan proporcionalmente mucho más graves en aquellos países que lo tenían menos desarrollado.

La creación del Fondo de Estabilidad Financiera, luego rebautizado Fondo de Rescate, creado primero con una duración de tres años y después convertido en mecanismo permanente, dotado inicialmente con 750.000 millones de euros- de los que se podían disponer hasta 440.000 euros- y ahora acordada su ampliación por un conjunto de países (quedan tres por ratificar la decisión), entre ellos Alemania, hasta un límite no concretado, pero que puede ser de hasta dos billones de euros. El Fondo de Rescate es un equivalente europeo del Fondo Monetario Internacional que tiene por principal objetivo rescatar a los Bancos. E implica que los países que tengan que acudir a él verán incrementados, hasta cifras imposibles de hacer frente, los intereses de los préstamos, acrecentando así, paradójicamente, su deuda soberana.

Esa respuesta europea a la crisis supone también la imposición de medidas que van desde el recorte de los salarios, la puesta en cuestión de la negociación colectiva, reformas laborales que desequilibran totalmente la relación de fuerzas a favor de los empresarios, congelación de las pensiones y contra-reformas de de las mismas, privatizaciones (hasta de la lotería en España, una mina desde hace doscientos años para la Hacienda pública española), debilitamiento, privatizaciones y encarecimiento de servicios públicos esenciales, más precariedad laboral, establecimiento de una “regla de oro” de limitación del déficit público en las Constituciones ( que Jacques Delors, calificaba hace pocos días en la prensa francesa como “piège á cons”, trampa para estúpidos), etc.

En España, y en el ámbito laboral, ha sido curioso ver cómo, tras el discurso sobre la imprescindible necesidad de superar la dualidad del mercado de trabajo en el que se fundamentó la reforma laboral, en las últimas medidas que han acompañado la reforma de la negociación colectiva – la posibilidad de realizar un contrato de formación hasta los 30 años (con tres años de duración, hasta la edad de Cristo formándose) y la eliminación del límite a la encadenación de contratos temporales - el actual ministro de trabajo ha defendido ésta última medida con una frase, “preferimos tener un empleo temporal antes que un parado”, idéntica a la que dio origen al mercado segmentado y precario que tenemos y que implantó en 1984 el Gobierno de F.González con otra frase, “más vale un empleo precario que ninguno”, también antológica. Y plenamente imbuida de los valores socialdemócratas.

Por otra parte, y coincidiendo con la noticia del voto favorable en el Parlamento alemán a la ampliación del Fondo de rescate, han sido publicadas las “condicionalidades” y las exigencias impuestas a Italia por las Instituciones europeas, el FMI y el trío de países formado por Alemania, Inglaterra y Francia. Se puede suponer, sin temor a equivocarse, que la que le enviaron al Gobierno español, sería bastante parecida. El mensaje es claro: si quieres ayuda, has de aceptar el castigo. Como si los estúpidos deudores fueran posibles sin estúpidos acreedores. El 20 de enero de este año, el entonces Secretario General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ya dijo, con lucidez y brillantez, que tales condiciones “se parecen a las cláusulas de reparación (de castigo) del tratado de Versalles” y “reducen los países miembros a un estatuto casi colonial”. Acusación llena de un triste significado, si recordamos que ese tratado humillante, impuesto en 1919 a Alemania y denunciado por Keynes, desembocó en la toma del poder por los nazis algunos años más tarde.

Sin embargo, por si acaso la “autorregulación de los mercados” y la disciplina de los mismos no funciona tampoco en esta ocasión, las instituciones europeas han decidido establecer una serie de reglas políticas – como la obligación constitucional de equilibrio presupuestario - para garantizar que la “solidaridad” con el sector financiero y los postulados neoliberales queden asegurados. Tal es el significado real de las innovaciones institucionales que se han incorporado: la institucionalización del “mecanismo europeo de estabilización” (Fondo de rescate), la supervisión de las políticas presupuestarias (denominado “semestre europeo”), el refuerzo de la “governanza europea” (austeridad presupuestaria y reformas liberales) reforzada por un “pacto de competitividad” o pacto del euro (supresión de la indiciación de los salarios sobre los precios, retrasar la edad de jubilación, recortar los sistemas públicos de pensiones y favorecer los planes privados, introducción en las Constituciones de un tope al gasto y al endeudamiento públicos…).

El empleo, el cambio de modelo productivo exigido por el desafío ecológico, la reforma progresista de la fiscalidad, una convergencia social de progreso… quedan completamente fuera en tales instrumentos.

Pese a la “cura de caballo” que se ha impuesto (o que se han auto-impuesto) países como Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, en términos de recortes del gasto, especialmente social, de reformas laborales, de pensiones, de negociación colectiva. O, de otras, como en nuestro caso la bancarización de las Cajas de ahorro y la reforma consensuada entre los dos partidos mayoritarios de la Constitución, cada cierto tiempo el ataque de los mercados se reproduce, las primas de riesgo aumentan, el valor de nuestro tejido productivo se deprecia. Sin que nunca ni las instituciones europeas ni los Gobiernos nacionales se planteen si no habría que escoger otro camino.

Otro camino que necesariamente tendrá que pasar por una revisión profunda del Tratado de Lisboa, transcurrido poco más de un año desde su aprobación. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, la “cláusula de sauvetage” (no bail-out), introducida en el Tratado de Maastricht que fundó el euro, requisito que tiene por objeto impedir a los Estados que han unido sus monedas el que se puedan ayudar mutuamente? ¿Qué sentido tiene la prohibición a los Estados de recurrir al Banco Central Europeo para financiar su déficit? A causa de ello, los Estados se han visto obligados a endeudarse en los mercados, para gran provecho de las entidades financieras. Al final, el Banco Central Europeo no ha tenido más remedio que comprar deuda española o italiana, vulnerando las reglas que se lo prohíben, para que el euro no se hundiera. A cambio Berlusconi y Zapatero han recibido por carta el ukase correspondiente, que ahora empieza a conocerse en su literalidad.

Una primera exigencia para liberar a los Estados de la dependencia de los mercados financieros es el garantizar que el Banco central europeo pueda comprar títulos públicos si es necesario. Es lo que hace el Banco de Inglaterra, el de Suecia o la Reserva Federal de Estados Unidos, cortocircuitando de esa manera a los mercados financieros. Los Estados miembros de la zona euro deben poder financiarse directamente del BCE a bajo tipo de interés. Lo contrario es aún más inconcebible si tenemos en cuenta que los Bancos privados realizan beneficios suntuosos prestando a los Estados a altos tipos de interés el dinero que reciben del BCE a tipos muy bajos. Junto a ello es urgente establecer bonos europeos para poder financiar las deudas de los Estados a tasas asequibles.

En segundo lugar, sería necesario repercutir los costes de la recesión y las pérdidas de los Bancos sobre sus accionistas. Resulta inaceptable que sea la mayoría de la población la que pague con paro, precariedad laboral y bajos salarios los beneficios record de los Bancos en 2010. Y alguno de ellos anuncia un aumento de entre el 30 y el 60% de los beneficios para los próximos años. Aunque, eso sí, el crédito seguirá restringido.

Una tercera posibilidad de actuar, consistiría en desarmar la especulación, que continúa cebándose sobre los países periféricos. Empezando por establecer una tasa sobre las transacciones financieras, en el ámbito europeo. Hay que decir, en este sentido, que lo anunciado por el Presidente de la Comisión, señor Barroso – el 0,01% de algunas transacciones financieras – es extremadamente poco ambicioso (el Partido Socialista Europeo solicitó hace tiempo una TTF del 0,05%, con la que se recaudarían más de 250.000 millones de euros y se podrían crear más de dos millones de empleos) y está sujeta a fuertes presiones en contra por parte de algunos Estados miembros, especialmente el Reino Unido. Además, regular estrictamente los mercados de productos derivados, especialmente los basados en las materias primas, así como los CDS (siglas en inglés – credit default swaps - de títulos de seguro frente a la posibilidad de impago de los Estados, convertidos en instrumentos de especulación frente a los mismos); limitar drásticamente la actividad de los fondos especulativos; prohibir la especulación por cuenta propia de los Bancos y separar los Bancos de depósito y los de inversión.

No menos imperativo sería el instaurar políticas económicas europeas cooperativas. En lugar de privilegiar siempre la concurrencia y los ajustes a la baja, habría que hacer presión, por ejemplo, sobre Alemania para que incremente sus salarios y sus prestaciones sociales – de hecho, una deflacción social competitiva - con el fin de reducir sus excedentes comerciales, que han desestabilizado a toda Europa. O cesar de fomentar la concurrencia fiscal, con una armonización por arriba del impuesto de sociedades. Es precisa una fiscalidad progresiva para desandar el camino de las contra-reformas fiscales neoliberales y restablecer las finanzas públicas. Habría, por otro lado, que crear una auténtica solidaridad presupuestaria europea para establecer una fiscalidad sobre las transacciones financieras y las energías fósiles.

Y, además de todo ello o con todo ello, dotar a la Unión de un presupuesto a la altura de los desafíos que atraviesa. Con apenas el 0,96% del PIB europeo, frente al 25% del presupuesto federal estadounidense, es imposible lanzar a la UE hacia el crecimiento y el empleo. Frente a la idea de que el empleo va a venir de una nueva y atómica reforma laboral, Obama ha inyectado 400 mil millones de dólares para crear empleo.

Pero, seguro, el imperativo más urgente es el de querer hacerlo. Y ello tropieza con la hegemonía del pensamiento neoliberal que nos está conduciendo – ahí están las advertencias del Presidente Obama y de otros muchos dirigentes del mundo – hacia una nueva y más profunda depresión internacional y hacia la mayor crisis política que ha atravesado Europa desde su fundación como integración de países.

José María Zufiaur